¿Está permitido ser imbécil?

José Antonio Peláez Bardales es el Fiscal de la Nación. Parece que entre los requisitos para el cargo no está la funcionalidad neuronal mínima. Peláez ha declarado, en el programa Los Fiscales de TVPerú, muy a tono con los tweets de Nadine, que el Ministerio Público se encuentra autorizado a inmovilizar e incautar los instrumentos que se utilizan para la actividad extractiva ilegal de oro y que, por tanto, las dragas que están en los ríos y lagos de las zonas reservadas en Madre de Dios y en otras áreas naturales protegidas del país serán inmovilizadas e incluso “dinamitadas” con respaldo de las Fuerzas Armadas para detener definitivamente su operación.

De hecho, al menos desde 2009, las Fuerzas Armadas vienen, eventualmente, dinamitando dragas en distintas partes del país. Igual que lanzando bombas fosfóricas sobre los cocales en la selva central. Pero nunca una autoridad civil del rango del Fiscal de la Nación ha hecho de ello una proclama porque resulta que “el remedio es peor que la enfermedad”… o al menos igual.

El daño a largo plazo que las explosiones o los incendios intencionales provocan sobre la biodiversidad en las zonas de reserva ecológica es tan grande que hay que disfrutar de escasez sináptica para plantear orgulloso esta suerte de “solución definitiva”.

Quizá en algún caso sea imprescindible proceder así, pero bajo ninguna circunstancia debiera ser la norma. El costo de desmantelar y trasladar los equipos de la minería ilegal, a mediano plazo, será generalmente inferior al costo ambiental que significarán las explosiones o los incendios. Lo que pasa es que muy pocos acostumbramos pensar en ese costo porque finalmente lo asumirá el Estado o no lo asumirá nadie.

El bosque tropical amazónico es uno de los pocos refugios que le quedan al planeta para mantener su precario equilibrio ambiental, amenazado de muerte por la tala y la minería ilegal y por las emisiones de carbono, metano y otros gases de efecto invernadero. El Perú alberga, dentro de su territorio, un valor altamente competitivo que hasta ahora, gracias a la ineptitud de los gobiernos, no aprende a usar para su beneficio.

Sólo así se explica que se pretenda cambiar “mocos por babas”: extracción ilegal por dinamitazos. No nos cabe duda de que, por ejemplo, más de un alcalde costero de La Libertad desearía contar con algunas de esas dragas (las que sirvan por supuesto) para ayudar a la recuperación de sus playas. Pero el Fiscal de la Nación dice que es mejor exterminar las especies vivas del bosque tropical andino.

¿Qué dirá el Ministro del Ambiente sobre las declaraciones de Peláez? No estaría de más que  la ONG a la que aún pertenece Pulgar Vidal, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), le dé un curso superintensivo al Fiscal de la Nación. De ese modo tal vez no proclame, con excesivo énfasis, su ignorancia.

O de repente lo mejor sea incrementar los requisitos de competencia profesional para la designación o ratificación de la máxima autoridad del Ministerio Público. Sobre todo en un país cuyo bosque prístino es componente sustancial de su patrimonio.

(Elmer Barrio de Mendoza)

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