¿Algo así?

Veníamos hablando de la necesidad de hacer algo urgente para que la minería en el Perú no arrasara con el medio ambiente y con los derechos de la población sino que, por el contrario, fuera parte de nuestro desarrollo sostenible, cuando una noticia desde Colombia captó inmediatamente nuestra atención.

El gobierno colombiano, que de izquierdista no tiene nada, reservó 313 zonas como áreas estratégicas mineras (que ocupan un total de 2,9 millones de hectáreas, en 15 departamentos, algo así como del 2,5% del territorio del país) en su intención de aumentar la producción de minerales como oro, cobre, uranio y hierro. Estas áreas se entregarán mediante subasta pública a inversores que cumplan con estándares de responsabilidad social y ambiental, en un proceso que intenta terminar con el caótico sistema de adjudicar títulos a quien lo solicite, procedimiento que es profundamente insensato y antieconómico, además de fuente de corrupción. Este anacrónico método es el que aún se aplica en el Perú y ha llevado a que una gran parte del territorio nacional esté bajo denuncio minero.

Actualmente el área minera titulada en Colombia es de 5 millones de hectáreas (más o menos el 4,4% del territorio del país), que se ampliará en aproximadamente en un 60%.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos anunció que la concesión de las zonas mineras se realizará a través de procesos concursales, estimulando la sana competencia para que se desarrollen proyectos de diversos tamaños que cumplan con altos estándares de responsabilidad social y ambiental. “Hoy Colombia puede darse el lujo y está en la obligación de escoger a aquellos inversionistas que estén en capacidad no sólo de producir ganancias y utilidades, sino también de generar desarrollo sostenible”, precisó.

Para la definición de las áreas de reserva minera se tomó en consideración que en los espacios elegidos no hubiera conflictos de titulación ni legales de otro tipo y, por supuesto, que no hubiera afectación de áreas naturales protegidas ni de sus zonas de amortiguamiento y protección.

A esto llamó Santos “un mensaje de confianza a los inversionistas”. ¿Es demasiado pedir que el gobierno peruano adopte una actitud similar?

(Elmer Barrio de Mendoza)

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