Cuando el derecho enloda la justicia

En una nueva prueba de que el derecho puede, perfectamente y sin problema, amparar el delito y en una reiterada evidencia de que aquello de que “el interés supremo de la justicia es la defensa de la sociedad” es sólo una frase de utilería, el juez Baltasar Garzón acaba de ser condenado a 11 años de inhabilitación por el Tribunal Supremo español.

Sucede que, en 2009, Garzón ordenó grabar las conversaciones entre varios reos y sus abogados en la cárcel. Gracias a dicha resolución, el magistrado destapó una enorme trama de corrupción, que involucró a funcionarios y dirigentes del Partido Popular (hoy nuevamente en el gobierno con Mariano Rajoy) en Valencia y Madrid.

Dos de los involucrados en la red corrupta denunciaron a Garzón por prevaricato, aduciendo que la orden del célebre juez restringía arbitrariamente su derecho a la defensa. Los siete magistrados del tribunal decidieron, unánimemente, dar la razón a los corruptos y condenar al incorruptible, en un fallo inapelable, cuya magnitud no es casual, dado que si se suman los 11 años a los 56 que ya tiene, prácticamente han dado por concluida la carrera de Baltasar Garzón en la magistratura.

Y no es que los jueces españoles carezcan de la facultad para disponer de la intervención de las comunicaciones entre reos y abogados en prisión. De hecho, la legislación ibérica lo permite, expresamente para casos de terrorismo y difusamente para otros delitos. De modo tal que la decisión de Garzón estaba, al menos, dentro de sus capacidades discrecionales. Por tanto, el fallo del Tribunal Supremo incurre en opinión.

De hecho, la sentencia señala, en su parte argumental, que la orden del juez fue propia de “regímenes totalitarios”. Una ocurrencia tal sólo cabe en mentes falangistas, animadas por la adulación al poder reciente.

El mundo sabe que fue Garzón quien puso contra la pared al ex dictador chileno, y asesino por añadidura, Augusto Pinochet, cuando éste paseaba impune por Europa. El mundo sabe que fue el juez quien lo arrinconó a refugiarse en la vergüenza y a morir rodeado del desprecio de la mayoría de la humanidad. El mundo sabe que del magistrado Garzón sólo hay evidencia de conducta irreprochable y ejemplar.

Pero el tribunal español ha decidido ignorar al mundo y, más aún, al hecho incontestable de que, gracias a la decisión el juez, se pudo desbaratar una trama corrupta organizada desde el poder. Eso no le ha importado al tribunal: el interés de los ciudadanos no forma parte de la sentencia suprema, sólo el interés de los criminales forma parte de ella.

Leamos estupefactos la cita medular de la sentencia: “No se trata, pues, de una interpretación errónea de la ley, sino de un acto arbitrario, por carente de razón, que desmantela la configuración constitucional del proceso penal como un proceso justo”.

Siete magistrados supremos han dejado de tener sangre en la cara. Y la han reemplazado por fango y escoria.

Lo que no sabe la inverecundia es que aún quedan dos instancias. Una, la supranacional. Otra, la más importante, la opinión del mundo. Quizá la primera revierta el fallo que hoy avergüenza a España. Ojalá. Sin duda la segunda reconocerá en Garzón a uno de los próceres de la justicia verdadera.

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